Desde hace ya algún tiempo el Ministro Cárdenas viene proponiendo el cobro de matrícula a los estudiantes universitarios. Con ello no se pretende financiar una educación tan costosa, pero sí cubrir sustantivos créditos educativos para aquellos alumnos cuya condición social no les permita llevar a buen término una carrera. Según la propuesta, se trata de crear una especie de Estado Social dentro de la Universidad: los que pueden financiar sus propios estudios pagarían un arancel que sería destinado a un Fondo de Bienestar Estudiantil para dar créditos a aquellos más necesitados.
La idea se presenta positiva y además puede estar acompañada de interesantes aderezos meritocráticos. Por ejemplo, se podría exonerar del pago del crédito a aquel estudiante que se graduara con un promedio comprendido entre 18 y 20. En fin, las intenciones parecen sincerarar una situación universitaria que más o menos todos conocemos y que podríamos resumir, en cuanto al renglón estudiantil, en: 1) aproximadamente el 75% de los estudiantes universitarios provienen de la educación privada y son de status social medio-alto; 2) gran parte del presupuesto universitario se consume en servicios super-subdiados a la población estudiantil que, como ya hemos dicho, la mayoría no necesitan.
Ahora bien, con esta propuesta sólo solucionaríamos una parte de la cuestión universitaria, en particular, la referida a la suficiente manutención del alumno necesitado. Empero, el problema del presupuesto quedaría más o menos igual, pues, el pago de matrícula iría al Fondo de Inversión de Bienestar Estudiantil, lo que significa que los pagos de nómina y los gastos de infraestructura tendrían que seguir siendo cubiertos por el Estado. Y ello nos deja el juego tan trancado como lo está actualmente. Gran parte del presupuesto de educación se lo consumirían las Universidades en detrimento de la educación básica pública, con lo cual seguiría predominando la injusta distribución de las oportunidades educativas. En poco tiempo no habría estudiantes necesitados porque seguiría creciendo la deserción escolar y la baja calidad instruccional de los pocos graduados. Así, tampoco habría necesidad de créditos educativos y tampoco de Fondo.
Por todo ello, esta propuesta tiene que ir acompañada de otras más contundentes que tornen el gasto universitario mucho más razonable. He aquí algunas de ellas: 1) Reducir el número de falsos profesores universitarios (los que no ascienden, ni escriben, ni investigan). 2) Reducir el número de alumnos retirándole el cupo a todos aquellos que lo que hacen es repetir año tras año calentando un pupitre. 3) Reducir el número de empleados universitarios que lo que hacen es entorpecer la administración eficaz.
La idea se presenta positiva y además puede estar acompañada de interesantes aderezos meritocráticos. Por ejemplo, se podría exonerar del pago del crédito a aquel estudiante que se graduara con un promedio comprendido entre 18 y 20. En fin, las intenciones parecen sincerarar una situación universitaria que más o menos todos conocemos y que podríamos resumir, en cuanto al renglón estudiantil, en: 1) aproximadamente el 75% de los estudiantes universitarios provienen de la educación privada y son de status social medio-alto; 2) gran parte del presupuesto universitario se consume en servicios super-subdiados a la población estudiantil que, como ya hemos dicho, la mayoría no necesitan.
Ahora bien, con esta propuesta sólo solucionaríamos una parte de la cuestión universitaria, en particular, la referida a la suficiente manutención del alumno necesitado. Empero, el problema del presupuesto quedaría más o menos igual, pues, el pago de matrícula iría al Fondo de Inversión de Bienestar Estudiantil, lo que significa que los pagos de nómina y los gastos de infraestructura tendrían que seguir siendo cubiertos por el Estado. Y ello nos deja el juego tan trancado como lo está actualmente. Gran parte del presupuesto de educación se lo consumirían las Universidades en detrimento de la educación básica pública, con lo cual seguiría predominando la injusta distribución de las oportunidades educativas. En poco tiempo no habría estudiantes necesitados porque seguiría creciendo la deserción escolar y la baja calidad instruccional de los pocos graduados. Así, tampoco habría necesidad de créditos educativos y tampoco de Fondo.
Por todo ello, esta propuesta tiene que ir acompañada de otras más contundentes que tornen el gasto universitario mucho más razonable. He aquí algunas de ellas: 1) Reducir el número de falsos profesores universitarios (los que no ascienden, ni escriben, ni investigan). 2) Reducir el número de alumnos retirándole el cupo a todos aquellos que lo que hacen es repetir año tras año calentando un pupitre. 3) Reducir el número de empleados universitarios que lo que hacen es entorpecer la administración eficaz.
Para llevar a cabo estas reformas no parece haber fuerzas internas en las Universidades. Ojalá ellas me demostraran lo contrario, pero todo parece indicar que los miembros auténticos de éstas son una minoría frente a la mediocridad que se sostiene en el poder bajo un régimen pseudodemocrático. Y es que el hombre realmente universitario no podrá llegar a ser Rector, Decano o Director, mientras predomine el voto de los que no ascienden ni trabajan académicamente. Por el contrario, el Rector seguirá siendo el típico gremialista que lleva cursando por más de trece años un postgrado. Esto es grave, pues tampoco la intervención del Estado garantiza nada. He aquí la aporía a superar.
Javier B. Seoane C.
Caracas, noviembre de 1997
Publicado en El Nacional
No hay comentarios:
Publicar un comentario